Cuando ocurre un gran terremoto, la tragedia no termina cuando deja de temblar la tierra. Es entonces cuando comienza la gran faena: llevar a cabo tareas de rescate, mantener funcionando los hospitales, garantizar el acceso al agua potable, restablecer las comunicaciones, atender a los heridos y evitar que una emergencia natural se transforme también en una crisis sanitaria.
Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúan revelando la verdadera dimensión de una tragedia que marcará al país durante muchos años. Un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), con el apoyo de reconocidos especialistas internacionales en ingeniería sísmica y análisis de riesgo, estima que los daños físicos directos ocasionados por ambos movimientos telúricos ascienden aproximadamente a 37.000 millones de dólares.
La cifra no representa aún el costo total del desastre. Los propios autores aclaran que se trata de una primera estimación técnica, obtenida mediante modelos científicos y herramientas de análisis de riesgo, cuyo objetivo es ofrecer un orden de magnitud confiable mientras avanzan las inspecciones de campo y se recopila información más detallada. En otras palabras, el impacto económico definitivo podría ser considerablemente mayor.
El estudio recuerda que el 24 de junio de 2026 Venezuela experimentó dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas treinta y nueve segundos. Ambos eventos afectaron principalmente a La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Yaracuy y Falcón. Los especialistas describen este fenómeno como un ‘doblete sísmico’, ya que el segundo terremoto fue desencadenado por el primero al producirse la ruptura de una falla cercana que ya se encontraba sometida a grandes tensiones tectónicas.
La evaluación señala que los daños en edificaciones —viviendas, escuelas, hospitales, comercios, industrias e instituciones públicas— representarían aproximadamente unos 24.000 millones de dólares. Por su parte, la infraestructura nacional habría sufrido daños estimados en alrededor de 13.000 millones de dólares.
El informe ofrece además una visión de los sectores muy comprometidos. Las telecomunicaciones aparecen como el componente de infraestructura con mayores pérdidas, estimadas en 5.000 millones de dólares. Le siguen el sistema de energía, con aproximadamente 3.100 millones; las carreteras y ferrocarriles, con 2.100 millones; los sistemas de agua potable y saneamiento, con 1.600 millones; las instalaciones de petróleo y gas, con 1.000 millones; y finalmente los puertos y aeropuertos, con cerca de 300 millones de dólares.
Sin embargo, el aspecto más importante del documento quizá no sea la cifra de los daños materiales, sino la advertencia que acompaña estos resultados. Los 37.000 millones de dólares corresponden únicamente a los daños físicos directos sobre edificaciones e infraestructura. El cálculo no incorpora la interrupción de actividades económicas, las pérdidas de productividad, la paralización de servicios públicos, los costos de atención de la emergencia, los efectos sociales y ambientales, ni las enormes inversiones que serán necesarias para reconstruir comunidades enteras.
La investigación también recuerda que Venezuela está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del continente debido a la interacción entre las placas del Caribe y Suramérica. Por ello, la prevención, la actualización de las normas de construcción y la educación sobre gestión del riesgo deben convertirse en prioridades permanentes.
Uno de los aportes más valiosos del estudio es explicar cómo se obtuvieron estas estimaciones. Los investigadores combinaron modelos internacionales de amenaza sísmica, bases de datos sobre edificaciones e infraestructura, mapas de aceleración del terreno y funciones de vulnerabilidad para distintos tipos de construcciones.
Para Venezuela, las conclusiones del informe representan mucho más que una evaluación económica. Constituyen un llamado a revisar la manera en que el país construye sus ciudades, diseña su infraestructura y prepara a su población frente a los desastres naturales. La reconstrucción debe convertirse en una oportunidad para construir un país más seguro, resiliente y preparado para el futuro.
En este contexto, el sistema educativo adquiere un papel fundamental. Formar ciudadanos conscientes de los riesgos naturales, capacitar a docentes y estudiantes en protocolos de emergencia y fortalecer la investigación científica puede salvar miles de vidas en las próximas décadas.
Fuente
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Estimación analítica de daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela. Autores: Mario Salgado-Gálvez, Gabriel Bernal, Osvaldo Garay, Mario Ordaz y Omar Darío Cardona.
